El Levante UD ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 21 de octubre en la sala Fenollosa del Ciutat de València, con el objetivo de abordar una medida crucial para su viabilidad económica: la compensación de créditos por valor de 13,8 millones de euros. Este movimiento forma parte del Plan de Reestructuración Financiera presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de València, y contempla la emisión de 230.250 nuevas acciones con un valor nominal de 60,10 euros cada una, elevando el capital social a 26,6 millones de euros.
La iniciativa busca estabilizar las cuentas del club, muy afectadas por el peso de la deuda acumulada, que no se ha aliviado pese al ascenso a Primera División. La entidad granota pretende así evitar el riesgo de concurso de acreedores, después de que el fondo OLB, uno de sus principales acreedores, reclamara los pagos pendientes de 2024 al no cumplirse los plazos del 30 de junio y 31 de diciembre.
El plan, además, pretende activar nuevas fuentes de ingresos mediante la segunda fase de la reforma del estadio y la construcción de la Ciudad Deportiva de Buñol, proyectos considerados esenciales para el crecimiento económico a medio plazo.
Sin embargo, la Delegación de Peñas del Levante ha expresado su rechazo a la operación, advirtiendo que, si se aprueba la reestructuración, Francisco Javier Danvila, a través de BIZAS Capital, podría alcanzar el 70% del control accionarial. Según el colectivo, la conversión del préstamo en acciones “no es imprescindible para la viabilidad del club” y supondría “una pérdida patrimonial injustificada para la Fundación y el levantinismo”.
La cita del 21 de octubre será determinante para definir el futuro económico e institucional del Levante UD, que busca garantizar su estabilidad y autonomía en una etapa decisiva.
